Durante la convención, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que se debe "exigir el seguro a las malas" para trámites de tránsito y transporte, y para ello, se hará efectiva una circular, la cual destaca una desmaterialización de trámites y actualización del Código Nacional de Tránsito. Este último punto abarcará reglas de comportamiento, requisitos de acceso al servicio y condiciones de seguridad de los vehículos. Asimismo, optimizarán puestos de control de acuerdo a siniestralidad de acuerdo a territorialidad y actores. También habrá control por medios tecnológicos, convenios de la Ditra con organismos de tránsito y Policía polivalente.
"El sector asegurador no quiere expedir Soat ya que está desfinanciado por la irresponsabilidad de los colombianos de cumplir con su obligación, pues hasta 61,85% de los propietarios de motocicletas no tiene Soat", señaló el ministro de Transporte.
Es tal la problemática que atraviesa el seguro que ya se dice que no es viable; y anteriormente se había mencionado que algunas compañías sí podrían estar pensando en cerrar este servicio.
Se calcula que si el seguro dejara de existir, el impacto sería de $8 billones en el Presupuesto General de la Nación.
“Hoy, 87% de los muertos y heridos están relacionados con accidentes donde está vinculada una moto. La moto es una herramienta de transporte de millones de personas que no encuentran un servicio público eficiente y digno. Sin embargo, esta realidad no fue acompañada por el Estado, enseñándole al motociclista a conducir su vehículo y a comportarse como actor vial prudente y responsable”, recalcó Gómez Martínez.
Las motocicletas, que representan 60% del parque automotor a junio, según cifras del Runt, son las de mayor participación en la accidentalidad y, según cifras del gremio, por cada $100 pagados en prima del Soat de una moto nueva, se deben pagar $258 en siniestros.
Respecto a los fraudes, “hay mafias que se aprovechan y que generan sobrecostos en la atención de los heridos. Esto ha sido reportado a los organismos del sistema judicial, con muy pocos resultados. Las denuncias ascienden a medio billón, de recursos de salud que están siendo cobrados al seguro obligatorio”, dijo. * Invitada por Fasecolda
fuente: Larepublica.com /